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Democracia Real Ya. Murcia: La Glorieta sigue siendo un Agora. 22 de Mayo 2011.

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Aportaciones para el análisis:

Una plaza llamada democracia

Autor: Luis García Montero. PÚBLICO, 22 de Mayo de 2011

Necesita adjetivos la democracia? Depende del estado de sus cimientos. La democracia es un edificio que puede sostenerse por sí mismo, sin necesidad de adjetivos que lo apuntalen. Pero cuando empieza a fallar su seguridad, las cornisas se caen y la fachada se inclina peligrosamente, resulta necesario utilizar puntos de apoyo con adjetivos como real y participativa.

La democracia se ha ido quedando hueca por dentro. Su pérdida de energía y la renuncia apática de los ciudadanos no se debe a una estabilidad repetitiva. La rutina puede celebrarse como rasgo de normalidad en una historia cansada de sermones golpistas. Pero la espesura apática de estos años no soporta la explicación última de una saludable normalidad. Hay también una lepra corrosiva en los cimientos y en la vida de la comunidad. La brecha abierta entre la política de palacio y los problemas de la calle es la consecuencia de una perversión de la democracia. El olvido de lo que significa la representación cívica, el óxido de los aparatos partidistas, la connivencia con los poderes económicos y mediáticos, las tentaciones de corrupción establecidas como norma financiera de existencia, la falta de definición territorial del Estado, una politización de la justicia que obliga a la judicialización de la política, una ley electoral manipuladora que santifica el bipartidismo como sociedad de insultos mutuos y una demagogia cotidiana irresistible, han extendido la lepra. El acceso individual a la carrera política acabó entendiéndose como el sometimiento a una jerarquía de ambiciosas humillaciones. Los principios y los compromisos que habían caracterizado la cultura de resistencia contra la dictadura, fueron diluyéndose poco a poco en el deseo de ocupar un cargo y viajar en coche oficial desde los 25 años.

La brecha entre la política de palacio y los problemas de la calle es una perversión de la democracia

La mitología de la santa Transición española se ha ido alejando cada vez más de la realidad. Los padres de la patria defienden con mucho empeño su trabajo intachable en 1975. Más que para justificar las decisiones antiguas, muchas de ellas merecedoras de respeto por las dificultades de la época, la mitología de la Transición se ha querido utilizar en los últimos años para evitar los cambios constitucionales que exige la nueva realidad. Los viejos mandarines de la dictadura, momificados como restos de una época pasada, estaban muy fuera de lugar en el tardofranquismo. Un proceso parecido de momificación ha ocurrido con los símbolos y los representantes de la Transición, incapaces de entender la realidad de hoy. Cuando hablan del rey, los partidos, la memoria histórica o la democracia, se parecen a Matías Prats cantando por la radio un gol de posguerra en blanco y negro. Es un problema generacional. Pero es algo más. Al concebir la Transición como un modelo perfecto y un reino de procesos concluidos, facilitaron una versión española del final de la historia y del agotamiento de la política, convertida en simple ejercicio formal. El país confundió así su evolución con un mundo hedonista, lleno de modelos, pasarelas y personajes de telebasura. Ese era el papel reservado a los jóvenes. Y contra ese papel, empujada por una realidad muy poco amable, otra juventud se ha levantado exigiendo democracia real, es decir, una política relacionada con su presente y sus ilusiones.

Es una buena noticia que esto haya sucedido en época electoral y como una exigencia de dignificación democrática. Volvemos a la alegría de las primeras elecciones y a la reivindicación de los partidos como factor esencial de la democracia. ¿Pero qué partidos y qué democracia? La energía cívica de las plazas señala en una dirección. A mí no me preocupa la reconducción inmediata de este acontecimiento. Se equivocarán otra vez los partidos de izquierdas si quieren apropiarse con sus viejas estructuras de estos jóvenes, educados ya se nos había olvidado en democracia. Sería mejor que aprendiesen su lección y se la aplicaran por dentro para cimentar de nuevo sus edificios. No le podemos pedir al sistema lo que somos incapaces de cumplir en nuestra plaza. Los jóvenes no sólo han pretendido tomar las plazas. Han querido construir sus plazas, ordenar los espacios de forma democrática. Ellos avisan: quien no los deje soñar estará condenado a no dormir.

Texto íntegro del voto particular del juez Varela contra la decisión de la Junta Electoral

El voto particular lo firma Luciano Varela Castro, magistrado del Tribunal Supremo y miembro de la Junta Electoral Central. Me encanta especialmente el final: “(…) la pretensión de criminalizar, por ese solo hecho, a todos los que, participando en aquellas, enriquecen el debate político”. Tal cual.

Emito este voto particular desde el mayor de los respetos a mis compañeros de la Junta Electoral Central, pero también desde la más profunda de las discrepancias.

Hemos sido emplazados por la Abogacía del Estado a establecer un criterio que, según su expresión “permita actuar, de acuerdo con sus instrucciones, a las Autoridades Públicas”,.y por la Junta Electoral Provincial de Salamanca, que nos solicita “directrices a tener en cuenta para la concesión de autorización” respecto a una previa solicitud, amparada por el artículo 8 de la LO 9/1983 reguladora del derecho de reunión.

Ambas interpelaciones indican que se han producido resoluciones diferentes por diversas Juntas Electorales Provinciales, denegando unas la autorización, por diversos motivos, dándose otras por enteradas y, finalmente, alguna (JEP de Valencia), considerando que ninguna competencia tenía al respecto.

Comparto con mis compañeros que la JEC es competente para “unificar los criterios de las Juntas Electorales Provinciales” y que la competencia en relación a la celebración de manifestaciones en periodo electoral es de la Autoridad Gubernativa “salvo en el caso de los actos de campaña electoral”.

Pero precisamente la primera cuestión que debíamos resolver, para dar la exigible respuesta que reclama la Abogacía del Estado, al comunicarnos lo resuelto por la JEP de Valencia, es si “las concentraciones y reuniones a las que se refieren las consultas elevadas a esta Junta” (JEC), merecen la calificación jurídica de actos de campaña electoral.

Mi discrepancia con la mayoría deriva de que no se da una respuesta expresa a tal cuestión, con la consecuencia de omitir la obligada motivación. Y resulta cuestionable la equiparación y consideración –implícita en el acuerdo de la mayoría- de tales concentraciones con actos de campaña, dado el concepto legal de ésta (artículo. 50.4 de la LOREG) que requiere que el sujeto activo lo sean, precisa y exclusivamente, los candidatos, partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones y que los lleven a cabo con el fin específico de la captación de sufragios. Y no los ciudadanos libres que no protagonizan el procedimiento electoral.

Mi discrepancia deriva de esa falta de respuesta expresa a la petición de la Abogacía del Estado que, al indicar que una JEP resolvió de manera diversa a otras, requería uniformidad de criterio sobre cual sea la Administración competente para establecer las eventuales consecuencias jurídicas de la notificación del ejercicio del derecho de reunión a que se refiere el artículo 10 de la LO 9/1983. Es decir, para la eventual no autorización o modulación de la forma de ejercitar el derecho de reunión en un caso concreto

En segundo lugar, estimo que la declaración de que las reuniones y concentraciones a las que se refieren las consultas elevadas a la Junta (Electoral Central) no podrán celebrarse desde las cero horas del sábado 21 de mayo hasta las 24 horas del domingo 22 de mayo de 2011 “las concentraciones y reuniones a las que se refieren las consultas elevadas a esta Junta se aparta de las pautas a las que remite la constante doctrina del Tribunal Constitucional y caracterizan nuestra sociedad democrática.

Del examen de los escritos presentados en las Delegaciones del Gobierno de Valencia, Madrid y Salamanca, se deriva que los que los presentaron anuncian la pretensión de convalidar “un pacífico y espontáneo ejercicio del derecho de reunión” que tiene por objeto principal “hacer una llamada al ejercicio del voto responsable”

De tales antecedentes, únicos de los que la JEC tiene exacta comunicación y, por ello, única premisa lícitamente admisible de su conclusión, no puede derivarse la consideración de que aquellas concentraciones constituyan un acto de propaganda propio de campaña electoral en el sentido con el que la LOREG define dicho concepto.

La invocación, que hace el acuerdo de la mayoría, de la prohibición legal de actos coactivos contra la libertad del elector o de la petición de voto a favor de determinadas candidaturas o de su negación a otras, implica una previsión de hechos futuros que, además de no venir apoyada en dato objetivo alguno son, cuando menos, de aventurado pronóstico y que, por ello, no pueden justificar por sí solos una negación tan grave del ejercicio de un derecho fundamental.

Precisamente el carácter esencial de tal derecho para la consideración de la articulación política de una sociedad como realmente democrática, obliga a los poderes públicos a no ampararse en la “lábil línea divisoria entre los mensajes amenazantes y los que no lo son” pues es a los ciudadanos a los que compete el poder político de decidir cuales mensajes quieren recibir y qué valor quieren dar a cada uno de ellos “sin tutelas de ningún género” (STC 136/1999 fj 16)

El artículo 21.2 de la Constitución solamente legitima una causa de prohibición: cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. La protección del orden público es de competencia excluyente de la autoridad gubernativa. Incluso durante el periodo electoral (Artículo 54.2 de la LOREG)

La prohibición legal de realizar actos de propaganda electoral, o cualquier acto de campaña electoral, durante la jornada previa a la celebración de elecciones no implica proscripción de manifestaciones con el objeto de dar lugar a debates políticos, cualquiera que sea la influencia que éstos puedan tener sobre las decisiones de los electores (STC 96/2010).

Es obvio que la exposición de ideas, de manera pública y colectiva, puede trascender a las decisiones de los electores. Pero cabe decir que, lejos de coartarlas, las enriquece porque las abastece de argumentos.

Si del debate se pasara, mediante actos concretos, a la conminación del elector, tales comportamientos, una vez individualizados, tienen específicas consecuencias jurídicas respecto de las personas a las que se les puedan imputar. Incluso de orden penal, conforme al artículo 144 de la LOREG.

La consideración de “las concentraciones y reuniones a las que se refieren las consultas elevadas a esta Junta” como actos de campaña electoral, y la prohibición de su realización en la jornada previa a la de votación, tiene como consecuencia la ilegítima limitación del ejercicio colectivo de un derecho – el de reunión- que es básico y corresponde a todo ciudadano libre en una sociedad democrática. Su injustificada limitación rompe con el principio de responsabilidad personal, que también caracteriza a las sociedades democráticas, trasladando la prohibición a quienes, al no realizar personalmente el acto prohibido, no pueden considerarse incursos en el presupuesto legal de la limitación del derecho.

Aunque es de esperar que, por sentido común, no derive en la pretensión de criminalizar, por ese solo hecho, a todos los que, participando en aquellas, enriquecen el debate político.

Luciano Varela Castro