Tenemos que protegernos contra la degradación de la convivencia, contra la violencia verbal y la xenofobia y acostumbrarnos a pedir explicaciones. Ojalá el 15-M nos ayude a salir de esta atmósfera de vergüenza.

¡Digamos la verdad y que se avergüence el demonio!, decían los clásicos. Que se avergüence el demonio: quienes gestionaron irresponsablemente bancos y cajas mientras se autoconcedían retribuciones fuera de todo sentido; quienes se han negado, y se niegan, a someterse a normas de transparencia y quienes se aprovechan de esa opacidad para ocultar sus marrullerías; quienes han sido incapaces de cumplir con sus obligaciones públicas, no ya solo por corrupción, sino también por pura banalidad.

Los ciudadanos están abochornados por decisiones que les han sido ajenas, pero cuyas consecuencias pagarán. Quizás el 15-M, si logra revitalizarse, consiga que nos sacudamos esa paralizante angustia y que avivemos nuestra exigencia de responsabilidades. Ojalá el impulso de los jóvenes nos coloque ante nuestras obligaciones ciudadanas.

Vivimos en una atmósfera de vergüenza, que acarrea una dolorosa sensación de culpa, mientras que los causantes directos de esta situación pretenden que nadie les pida responsabilidades, penales en los casos en que sea procedente, o políticas y cívicas, en los que no. ¿Creen Miguel Blesa o José Luis Olivas que lo pasado, pasado está? No debería ser así. ¿Cree el gobernador del Banco de España que puede reclamar indulgencia? ¿Confía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en que puede escabullirse de la quiebra de la Caja de Ahorros, donde el PP colocó a decenas de amigos, familiares y militantes, y que todo pasará, sin consecuencias para ella? ¿Se olvidará quiénes fueron los consejeros que representaron al PSOE madrileño y a los sindicatos y que callaron por incompetencia, interés o amiguismo? Todos sus nombres deberían desaparecer para siempre de cualquier lista o cargo político.

En este país han pasado demasiadas cosas como para continuar paralizados. Digamos en público la verdad: es imposible soportar a un presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, sospechoso de endilgar gastos personales al erario público y que llama “miseria” a 6.000 euros, cuando la justicia que él administra puede castigar con una pena de prisión de hasta 18 meses a quien cometa un hurto de más de 400. Difícil aguantar un Consejo General del Poder Judicial, cuyos vocales acuden a su puesto de trabajo tres días a la semana, que actúa con tanta prepotencia que nombra magistrados que no reúnen los requisitos (como ocurrió en la Sala Civil del Supremo) y que se niega a someterse al principio de transparencia que debería ser el primero en impulsar ¿Cómo no se exigen a sí mismos algo más de ejemplaridad? ¿A qué viene tanta soberbia?

¿Por qué y cómo surgió el 15-M? por Vicenç Navarro

Estamos hoy viendo en España el ataque (y no hay otra manera de definirlo) más frontal al bienestar de las clases populares desde el final de la dictadura fascista (sí, el término científico para definir aquella dictadura no es franquismo, sino fascismo) en el año 1978. Aquel final ocurrió mediante una transición (que no fue modélica) de una dictadura a una democracia sumamente limitada e insuficiente, resultado del enorme dominio que las fuerzas ultra-conservadoras continuaron teniendo sobre los aparatos del Estado. Las movilizaciones del mundo del trabajo (desde 1974 a 1976, España tuvo las movilizaciones y huelgas políticas más numerosas y extensas existentes en Europa) forzaron el fin de aquella horrible dictadura, de manera que, aún cuando el dictador murió en la cama, la dictadura terminó en la calle, con la agitación social que la protesta obrera determinó. Ahora bien, las fuerzas democráticas, y muy en especial, los dirigentes de los partidos de izquierda, acababan de salir de la cárcel o habían llegado recientemente del exilio y no pudieron neutralizar, y todavía menos debilitar, las fuerzas ultra-conservadoras que controlaban el Estado. La permanencia de la Monarquía, regida por un Rey nombrado a dedo por el dictador, era el símbolo de la desigualdad en la correlación de fuerzas en aquel momento.

Las consecuencias de este dominio ultra-conservador sobre el Estado y sobre la mayoría de las instituciones mediáticas y políticas del país son muchas. Como ejemplos podemos citar: una ley electoral escasamente proporcional, que discrimina a las izquierdas (y muy en especial al partido que lideró la resistencia antifascista); la ausencia de medios radiotelevisivos o rotativos de izquierda; y el enorme subdesarrollo social de España (que durante todos estos años ha continuado teniendo el gasto público social per cápita -que financia su escasamente desarrollado Estado del Bienestar- más bajo de la Unión Europea de los Quince (UE-15) (el grupo de países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro)).

Otra consecuencia de este dominio ultra-conservador del Estado español ha sido la enorme regresividad de la política fiscal, que explica, junto con el enorme fraude fiscal, los escasos ingresos al Estado. Tal realidad, fácilmente documentable (los ingresos al Estado representan sólo el 32% del PIB, el mas bajo de la UE-15) niega las tesis neoliberales promovidas por las voces próximas al capital financiero y a la gran patronal, como Fedea (fundación financiada por la banca y algunas de las mayores empresas del país, que se benefician extensamente de la existencia de paraísos fiscales que les permiten evitar el pago de tributos al Estado) de que nos estamos gastando en España más de lo que podemos. La validez de tal tesis queda fácilmente falseada con el siguiente dato. España no es pobre. Su PIB es el 92% del promedio de los países de la UE-15. En cambio, su gasto público social per cápita no es el 92% del promedio del gasto público social per capita de la UE-15, sino sólo el 72%, lo cual quiere decir que España se gasta 60.000 millones de euros menos de los que se deberían gastar por su nivel de riqueza.

Es cierto que durante el periodo democrático iniciado en 1978 ha habido cambios y mejoras, sobre todo en los periodos de gobiernos PSOE, cambios que han permitido reducir el enorme déficit de gasto público social. Pero debido al gran retraso que dejó la dictadura y también a la excesiva moderación de los gobiernos PSOE, el Estado del Bienestar ha continuado a la cola de la Europa Social. Y los enormes recortes que está imponiendo el gobierno del Partido Popular están aumentando todavía más este déficit social. Y ello es resultado de unas políticas públicas de austeridad que, en su objetivo central de debilitar al mundo del trabajo, están creando una recesión que para amplios sectores de la población alcanza niveles de Gran Depresión.

La rebelión de los jóvenes

Entre estos sectores que viven una Gran Depresión están los jóvenes. Hoy sólo uno de cada dos jóvenes encuentra trabajo. Y según las proyecciones de las agencias que gozan de mayor credibilidad, tal situación continuará durante al menos diez años, una situación intolerable. Y ello es resultado de decisiones políticas que se han ido tomando durante todos estos años, tanto en España como en Bruselas y en Frankfurt y que, con la complicidad de los medios, se han presentado como las únicas posibles. Los datos, sin embargo, muestran que por cada medida de austeridad había una política expansiva de gasto público posible (se hubieran conseguido más fondos revirtiendo la bajada de impuestos de sucesiones -2.500 millones de euros- que congelando las pensiones -1.500 millones de euros-).

No es de extrañar que existan protestas populares en las que los jóvenes –a los que erróneamente se les suponía que “pasaban de todo”- protagonicen las movilizaciones en contra de tales políticas y los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos que las imponen. El 15-M es un movimiento que surge como respuesta a tal crisis financiera, económica y política que ha causado la mayor pérdida de legitimidad de tales establishments. Y tanto en sus objetivos, tales como democratizar la sociedad (y la extensión de los derechos políticos, civiles y democráticos de los ciudadanos que ello conllevaría), como en su táctica (con manifestaciones y acampadas no violentas) ha despertado gran simpatía y apoyo popular, del cual deriva su poder.

Esta demanda de mayor democracia entra en conflicto con la democracia tan limitada que existe en España, consecuencia de la transición inmodélica referida anteriormente. Hoy, exigir democracia es subversivo del orden imperante en España. Exigir que cada ciudadano tenga la misma capacidad de incidencia en la gobernanza del país es revolucionario, pues terminaría con el dominio de las instituciones políticas por parte de las fuerzas conservadoras en el país. Exigir que exista una pluralidad en los medios de información es terminar con el monopolio de clase existente en los medios en España. Exigir que todo cargo representativo sea elegido es terminar con la Monarquía, que es el eje del aparato del Estado todavía controlado por las fuerzas conservadoras. Exigir que existan formas de participación directa (como referéndums a nivel de todo el Estado) es terminar con el control por las élites partidistas del sistema democrático. Exigir que los partidos se democraticen es terminar con el control por parte de los grupos dirigentes de tales instrumentos. Exigir que la economía esté al servicio de las clases populares y no al servicio del 1% de la población que controla las finanzas y grandes empresas es también profundamente subversivo en España. Estas demandas, como los adjetivan los portavoces del establishment, son “extremistas”, “populistas” o “demagógicas”, adjetivos utilizados por las estructuras de poder para marginar las voces críticas auténticamente democráticas que quieren desarrollar la democracia todavía extraordinariamente limitada en España.

Predeciblemente, la respuesta del establishment a tales peticiones ha sido la represión. Véase lo ocurrido el 1º de Mayo en las manifestaciones organizadas, entre otros, por el 15-M. Yo asistí por la mañana a la excelente marcha organizada por los sindicatos (100.000 personas) y por la tarde a la del 15-M (40.000 personas). Lo que ocurrió en esta última me recordó lo que ocurría en los años cincuenta. A los jóvenes, por ser jóvenes, se les detenía y se les registraba. Era el intento de identificar –como lo hizo el reportaje de La Vanguardia- a los jóvenes como terroristas. Era la criminalización de la juventud. El peligro de instalar de nuevo las prácticas represivas que vimos durante la dictadura existe hoy en España.

Es inaguantable que cuando se les pide a los ciudadanos sudor y lágrimas, el Gobierno (a quien corresponde la iniciativa) y la oposición sigan jugando con las instituciones y que, con una actitud inane, abandonen la renovación de los magistrados que deberían haber cesado ya en el Tribunal Constitucional y en otros organismos estatales. O que el Gobierno intente controlar informativamente RTVE, cuando lo que necesitamos es una televisión estatal que, en momentos de incertidumbre y peligro, nos proporcione información fidedigna.

Tenemos que protegernos, como sea, contra la degradación de la convivencia, contra la violencia verbal y la xenofobia y acostumbrarnos a pedir explicaciones. ¿Qué datos apoyan lo que está usted diciendo? ¿Con qué argumentos defiende su opinión? Como explican Martín Alonso y María Pardo en Una ética para el debate (Cuadernos Baseak), el déficit conceptual con que se expresan los personajes públicos es atroz. Hay que enseñar en las escuelas, explican, que nada ni nadie goza de inmunidad frente a la crítica y que quien participa en un debate público adquiere la responsabilidad de estar debidamente informado sobre lo que discute; que la crítica debe referirse a los hechos y no a las personas, y que estas son solo objeto de censura cuando son responsables de las acciones que se debaten. Que no se debe tratar a quien defiende una posición contraria como a un enemigo, pero que no todas las opiniones son respetables. Ojalá el 15-M nos ayude a salir de esta atmósfera de vergüenza.

solg@elpais.es